En el polo opuesto, encontramos a los 121 países que no tienen no tienen tratado de extradición vigente con España y en los que, por lo tanto, no hay garantías de entrega de fugitivos salvo que se llegue a un acuerdo entre los respectivos gobiernos.

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Cuando se produjo el arresto e Bouyakhrichan en Marbella, el pasado 9 de enero, el Ministerio del Interior destacó que se trataba del “delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos”. De hecho, la justicia holandesa lo acusa de ser uno de los supuestos cabecillas de un clan de la Mocro Maffia, una estructura legal cuyos integrantes son principalmente de origen magrebí que se asienta en Países Bajos y donde ha llegado a desafiar al estado con amenazas a la princesa Amalia de Orange ―que tuvo que residir un año en España por motivos de seguridad― y el primer ministro Mark Rutte.

Ya entonces, el ministerio público recalcaba en su escrito que las autoridades judiciales holandesas habían solicitado su entrega y esta se estaba tramitando en la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía apoyaba la extradición. En el escrito se reclamaba expresamente que se le mantuviera en prisión para poder ejecutar esta entrega.

Tampoco se concederá la extradición si la parte requerida tiene fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición, motivada por un delito común ha sido presentada con la finalidad de perseguir o castigar a un individuo a causa de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o bien que la situación de este individuo puede ser agravada por estos motivos.

La petición de extradición se debe hacer en forma de suplicatorio dirigido al Ministerio de Justicia. La excepción es el caso en que por el Tratado vigente con la nación en cuyo territorio esté el procesado, pueda pedir directamente la extradición el Juez o Tribunal que conozcan de la causa.

1. Si la Parte requirente solicitase la comparecencia como testigo o Perito de una persona que se encuentre en el territorio de la otra Parte, ésta procederá a la citación según la solicitud formulada, pero sin que puedan surtir efecto las cláusulas conminatorias o sanciones previstas para el caso de incomparecencia.

Las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales o las áreas investigadoras de la PGR solicitan la intervención de esta Institución para iniciar un procedimiento de extradición de una persona ubicada en el extranjero que cuenta con un mandamiento judicial vigente y ejecutable.

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Sin embargo, al cumplirse el thirty aniversario, la funcionara ahora apuesta a que se logre una sentencia.

3. Al recibo de la solicitud a que se refiere el apartado one, la Parte requerida adoptará las medidas have a peek here conducentes a obtener la detención del reclamado. La Parte requirente será informada del curso de su solicitud.

Conscientes de los estrechos vinculos existentes entre ambos pueblos, deseosos de promover una mayor cooperación entre los dos países en todas las áreas de interés común y convencidos de la necesidad de prestarse asistencia mutua para promover a la mejor administración de la justicia,